El 12 de julio pasado, las escuelas y espacios educativos comunitarios y cooperativos de la provincia de Buenos Aires entregaron a su ministerio de Educación y Cultura un completo plan de acción para lograr la reglamentación que les permita funcionar dentro del sistema público argentino, tal cual está previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley Nacional de Educación.
El documento terminó de delinearse luego del trabajo grupal y horizontal del último encuentro organizado por FECEABA en la Escuela Cooperativa Florentino Ameghino de Berazategui (ver video). Donde no estuvo Alberto Sileoni, pero sí su jefe de gabinete, Pablo Urquiza; la directora de DIEGep Marcela Cabadas y Gustavo Galli, director provincial de educación secundaria. Por el gobierno nacional se presentó Natalia Peluso, directora de Experiencias de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Todos los discursos estuvieron alineados, reconociendo el valor de estas «comunidades organizadas resolviendo problemas donde el Estado no iba a llegar». Las dos mujeres del panel, por su parte, contaron que habían sido parte de espacios con esas características. «Sabemos que tenemos una deuda con estas escuelas pero no hemos encontrado un espacio de gestión que nos permita abordar los problemas comunes que tienen», reconocieron.
Pasaron 16 años desde la inclusión de la gestión social y cooperativa como tercera opción en la Ley de Educación y, salvo unas pocas experiencias en algunas provincias, no han sido cabalmente integradas al sistema público. El Consejo Federal de Educación emitió una resolución en el 2007 y el Ministerio de Educación de la Nación también lo hizo en 2015. La resolución 3300 enuncia por primera vez con más precisiones las características de este tipo de gestión. Cabe recordar que, si hay algo que las une, es que no tienen fines de lucro, a pesar de que a veces deban recurrir a aportes comunitarios para sostenerse.
El resumen que presentaron al gobierno es el fruto del debate democrático y organizado por cercanía en la última década. Una radiografía completa de los problemas que enfrentan y las soluciones que buscan. Consideran insoslayable la creación de una Dirección jurisdiccional de Gestión Social Cooperativa y Comunitaria, que supere la actual dispersión de recursos y organismos involucrados. También sugieren que la conversaciones para la reglamentación se organicen a nivel nacional, para enriquecerlo y para no dejar sola a cada jurisdicción, porque se sabe que algunas no se encuentran en las mismas condiciones para negociar con los estados provinciales.
El documento, de cuatro páginas, intenta guiar las conversaciones oficiales e identifica los siguientes ejes a definir:
• Un organigrama ministerial
• El proceso de ingreso de educadorxs/trabajadorxs
• La organización del trabajo del sector
• El financiamiento
• La construcción, definición y evaluación permanente del proyecto pedagógico
• Los roles de la gestión y de la comunidad educativa
• La idoneidad y formación de lxs educadorxs
Ingreso de los/las trabajadores/as
«La elección debe ser mutua, de quien desea formar parte de la comunidad educativa y de la comunidad en cuestión. Para eso proponemos la construcción de un listado común, dividido en tipos de niveles,
modalidades y especificidades. El orden que se establezca no tendrá vinculación con la designación del cargo.
De este listado se servirán las EGSyC para la designación de educadorxs, administrativxs y auxiliares, y será el garante de que quienes accedan a un cargo puedan ser registrados por la autoridad competente (una futura Dirección de EGSyC). Las experiencias que quieran tomar a unx docente para un cargo u horas pero que no esté en este listado, deberán realizar la solicitud debidamente fundamentada a la Dirección competente.
La selección se realizará mediante una entrevista, siendo el Consejo de Administración o la mesa colegiada integrada por personal directivo, docentes y familias que compongan el formato de conducción elegido por cada experiencia, quienes tomen la decisión final.
Organización del trabajo
Respecto a la organización del trabajo, se reconoce a todxs lxs trabajadoxs como educacdorxs, siguiendo los principios de la educación popular como perspectiva pedagógica amplia. También, se reconoce la diversidad de modalidades posibles para gestionar el trabajo: asociaciones civiles, cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios, movimientos sociales, fundaciones, etc.).
Financiamiento
En cuanto al financiamiento, que sabemos que es el tópico más difícil y resistido, tenemos una propuesta que creemos puede ser implementada de manera paulatina, pues así lo requiere la diversidad de modalidades de financiamiento. Actualmente, entre el 0 y el 100 por ciento es el rango de financiamiento que reciben estas experiencias, que pueden provenir de asignaciones, convenios y organismos diferentes. Para ello será importante poder generar un marco normativo respecto de las condiciones edilicias de funcionamiento acorde a la normativa vigente, pero sin desatender las características locales de asentamiento de las diversas instituciones y a sus proyectos institucionales.
Para los establecimientos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria será necesario, previa evaluación de sus necesidades, un fondo suficiente mensual para afrontar los gastos de mantenimiento de edificios, consumos de servicio públicos (luz, gas, internet, agua), requerimientos de alimentación, seguro de lxs estudiantes y emergencia médica.
Teniendo en cuenta que buscamos otras formas de gestionar lo público, será el tipo de organicidad declarada por cada experiencia y con aprobación de la dirección de EGSCyC quienes administren esos fondos, dando cuenta de los gastos realizados al contralor correspondiente de la jurisdicción.
Consideramos importante que la nueva dirección pueda entrar en igualdad de condiciones que las escuelas de gestión estatal en los diferentes programas socioeducativos (programas, insumos, etc.).
Para encontrar un modo de financiamiento de las experiencias educativas de gestión social, cooperativa y comunitaria, debemos comprender que el sistema diferencia la inversión educativa respecto a la remuneración por el trabajo y a los gastos en mantenimiento, servicios y materiales por otro.
En cuanto a la remuneración por el trabajo, proponemos que cada institución educativa presente el proyecto pedagógico comunitario cada 4 años (tiempo que permite la evaluación del proyecto y una posterior corrección) con la planta de trabajadorxs y su caracterización y funcionalidad. Para lo cual, la experiencia recibirá un aporte mensual que cubra los salarios de la planta presentada y será el formato colectivo o comunitario que cada experiencia tenga (con el reconocimiento de la jurisdicción competente) quien administre los fondos y realice los pagos de los salarios de lxs educadores. En aquellos casos que, por razones de financiamiento, la experiencia estimara oportuno establecer un aporte comunitario-familiar para completar los aportes que por parte del Estado no vinieran, deberá acordar previamente con las autoridades jurisdiccionales las condiciones y modalidades del mismo.
Respecto a la remuneración por el trabajo en instituciones cuyxs trabajadorxs no son asalariadxs, para calcular un presupuesto similar, la propuesta es hacer un presupuesto de cargos a partir del proyecto pedagógico comunitario para calcular un presupuesto total que será repartido entre lxs trabajadorxs del modo en que la cooperativa haya organizado la distribución (según estatuto y reglamento correspondientes).
fue una Jornada de trabajo extraordinaria, confiamos que las y los funcionarios, lo tengan en agenda, y reglamenten lo que hace tanto tiempo estamos esperando, la creación de la Dirección Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria, sabemos que genera tensiones en las distintas áreas, y también sabemos que lo dispone la Ley y deben cumplir, el objetivo es poder desde las escuelas de gestión social cooperativa y comunitaria, ser tratadas de acuerdo a nuestra identidad, tal como hoy no tienen problema en reconocer a la gestión estatal y la privada, deben reconocernos y establecer un trato igualitario.